Pupitres chinos para el MEC con plata de Itaipú: ¿Nexos apuntan al Vicepresidente Alliana?

Una licitación millonaria para la provisión de muebles escolares generó un escándalo en Paraguay. A pesar de las denuncias de irregularidades y la falta de experiencia en el rubro, la firma Kamamya S.A., vinculada al empresario chino Long Jiang, logró quedarse con un contrato de USD 35 millones otorgado por Itaipú Binacional. Detrás de esta adjudicación estaría la influencia de Blas Pereira, un abogado con oscuros antecedentes, y su cercana relación con el vicepresidente Pedro Alliana.

Blas Pereira, exjefe de gabinete de la destituida intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, ha sido reiteradamente señalado por presunto tráfico de influencias. Su capacidad para mover hilos dentro del Gobierno le ha permitido beneficiar a empresarios extranjeros cuestionados, en detrimento de la industria local. En este caso, su intervención habría sido clave para que Kamamya S.A., una empresa sin trayectoria en la fabricación de mobiliario escolar, ganara la licitación con condiciones que excluyeron a productores nacionales.

La subasta a la baja electrónica realizada por Itaipú Binacional para la adquisición de mobiliarios escolares, por un monto de G. 276.348 millones (más de 35 millones de dólares), ha sido duramente cuestionada. La Asociación de Metalúrgicos del Paraguay denunció que los pliegos de la licitación contenían requisitos imposibles de cumplir para la industria local, lo que habría favorecido la importación de insumos desde China. La firma Kamamya S.A., cuya actividad principal es la producción de frazadas, fue la adjudicada a pesar de su falta de experiencia en el sector.

A pesar de que el año lectivo 2025 ya inició, la empresa de Long Jiang no ha entregado ni un solo mueble. Esta situación ha generado una ola de críticas contra el gobierno, que hasta el momento no ha tomado medidas ante el evidente incumplimiento del contrato.

Blas Pereira, hermano del juez civil Juan Pereira, también ha sido acusado de manejar esquemas de cobro de comisiones a proveedores y funcionarios, además de presionar jueces y fiscales para favorecer intereses particulares. Su vínculo con Rodrigo Blanco, hijo del exministro de la Corte Suprema Sindulfo Blanco, refuerza las sospechas sobre su influencia dentro del sistema judicial.

La empresa Hoahi S.A., también propiedad de Long Jiang, acumula denuncias por violaciones laborales, que incluyen jornadas extendidas sin pago de horas extras, despidos arbitrarios, restricciones en el uso de sanitarios y condiciones insalubres en sus instalaciones. Pese a esto, en 2024 el Gobierno paraguayo la reconoció por su «aporte a la creación de empleo», una distinción que, según denuncias, habría sido impulsada por Alliana y Pereira para blindar sus negocios y mantener el flujo de dinero que financia proyectos políticos.

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo ha optado por la inacción, permitiendo que empresarios con denuncias graves sigan operando sin consecuencias. Esta complacencia pone en evidencia la corrupción que afecta a las instituciones paraguayas y deja en claro que los intereses políticos siguen estando por encima del bienestar de la ciudadanía.

En el sitio web de Itaipú se confirma que el ente binacional, actualmente bajo la gestión de Justo Zacarías, finalmente adjudicó la licitación a Kamamya S.A. Documentaciones revelan presuntas irregularidades en el proceso, incluyendo la imposición de condiciones en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) que impidieron la participación de la industria nacional. Entre los principales obstáculos se encuentra la exigencia de componentes que no se producen en Paraguay, como caños metálicos, tableros y plásticos, favoreciendo directamente la importación de insumos desde China.

Este escándalo deja en evidencia la falta de transparencia en las contrataciones del Estado y refuerza la sospecha de que los intereses de ciertos grupos políticos pesan más que la eficiencia y el desarrollo de la industria local.